Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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¿VIVA LA POLÍTICA AGRARIA?

Columna de Opinión escrita por Eugenio Incer Munguía del Área de Estudios sobre Campesinado de AVANCSO. La columna será el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 2 de diciembre del 2014

Hace un mes, el 23 de octubre de 2014 fue publicado en el Diario de Centroamérica el acuerdo 372-2014 que aprueba la política agraria del gobierno de Otto Pérez. El presidente Pérez dedicó unas palabras introductorias en las que exhibe un raro entusiasmo e invita a las distintas organizaciones indígenas y campesinas a que luchen por la continuidad y progresiva profundización de esta política. A manera de información general, la política agraria recientemente emitida está organizada en cuatro ejes, quince estrategias y más de treinta instrumentos. Abarca el acceso a la tierra, mecanismos para reducir la conflictividad, crear un cuerpo legal en materia agraria y facilitar el acceso a un conjunto de activos.

Ha sido una tradición de los últimos gobiernos aprobar políticas de trascendencia nacional en el tercer año de ejercer el gobierno, en víspera de un próximo año electoral. También ha sido una tradición de los equipos gubernamentales tomar y distorsionar iniciativas acrisoladas en espacios creados por los movimientos sociales. En esa misma tradición se inscribe el acuerdo 372-2014.

Los instrumentos compilados en el acuerdo 372-2014 provienen de al menos cuatro vertientes: a) Los acuerdos de paz (42.9%); b) propuestas de la alianza multisectorial Plataforma Agraria (14.3%); c) propuestas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) en alianza con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas (Congcoop) (11.4%) y; d) propuestas conjuntas de varias organizaciones sociales y movimientos campesino (31.4%)

Frente a la política agraria del gobierno de Pérez Molina soy muy escéptico en cuanto a su implementación, por las razones que expongo a continuación:

Para estar claros sobre el alcance y eficacia de la nueva política agraria, hay que relacionar el origen de los instrumentos y su cumplimiento. El origen de los instrumentos de la política agraria tendría que conducirnos a preguntar por qué a casi veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz una cantidad significativa de ellos, incluidos en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, han sido incumplidos por los cuatro presidentes que se han sucedido desde su firma.

Un análisis general de dicho incumplimiento es la influencia que ha ejercido el gran capital, poseedor de recursos financieros y políticos para bloquear iniciativas que hoy se incluyen en la política agraria, como por ejemplo, el esfuerzo por crear un código agrario. En el Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria, el Estado de Guatemala se comprometió a promover la creación de una Jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República. La Cámara del Agro y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras interpusieron acciones legales y políticas para botar todos los esfuerzos realizados por el Dialogo Nacional Agrario, espacio convocado por la Corte Suprema de Justicia con el propósito de crear los Tribunales Agrarios desde una plataforma multisectorial. Lo anterior, conduce a cierto escepticismo en el cumplimiento de crear los siguientes instrumentos: código agrario y código procesal penal, los juzgados, tribunales y salas agrarias y la fiscalía agraria.

A la oposición de los sectores conservadores del empresariado de avanzar en el campo jurídico y de acceso a tierra, principalmente el concerniente a gravar y expropiar las tierras ociosas (uno de los motivos más importantes de oponerse a la creación de marcos legales en materia agraria), hay que agregar que una característica estructural del Estado guatemalteco es su alta ineficiencia y su actuación descoordinada. La historia del desempeño gubernamental en materia de implementación de políticas, programas y proyectos alimenta el escepticismo en cuanto a que esta política agraria marcará un hito en cuanto a romper con esa historia de burocracia, ineficiencia e incumplimiento. En este marco, me pregunto ¿Cómo asegurar que funcionen de manera coordinada recursos financieros y sus fuentes, procesos y enfoques administrativos, los tiempos políticos y las exigencias de los líderes y sus bases? En tal sentido, dudo que la Secretaría de Asuntos Agrarios pueda cumplir con el mandato que se le asigna en el acuerdo 372-2014 concerniente a coordinar, articular y facilitar el dialogo y las acciones interinstitucionales para su implementación.

La política agraria tiene un objetivo general noble y su aspiración es legítima y necesaria: Transformar la situación agraria de Guatemala, en busca de la democratización del acceso a la tierra y con el fin supremo de la realización del bien común, observando la primacía de la vida humana, la libertad, la justicia, la paz, la integridad, la seguridad y el desarrollo humano integral de las personas. Pero desde el punto de vista técnico, cuando los objetivos son genéricos, imprecisos y no gozan de un consenso fuerte, principalmente del empresariado y de funcionarios públicos de alto nivel (integrantes del ejecutivo, congreso de la república y del organismo judicial) que no tienen ningún interés en transformar la situación agraria, tal formulación la debilita y la hace inalcanzable. A esto se agrega, la ausencia de metas, indicadores y de certidumbre financiera.

Uno de los factores determinantes que evalúan la voluntad política es la asignación presupuestaria y su destino. Según el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Asuntos Agrarios ha contado con una asignación promedio de 39 millones en el período 2010/2013. Esta Secretaría tendría que recibir una inyección significativa de fondos para cumplir con su nuevo mandato. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y el Fondo de Tierras están concentrados principalmente en el programa de fertilizantes y el programa de arrendamiento. Ambos programas tienen un costo financiero muy alto y es ampliamente conocido que son herramientas políticas clientelares donde se benefician organizaciones indígenas y campesinas leales al gobierno de turno. Datos más generales dan cuenta que el gasto público rural en la primera década del 2000 apenas ha representado menos del 5% del gasto total. Sin recursos financieros, la política pública sólo es propaganda y discurso.

Finalmente, parece extraño que una política agraria se disocie completamente de las dinámicas sociopolíticas que prevalecen hoy en las áreas rurales. Los movimientos y líderes sociales que intentan propiciar condiciones para un desarrollo incluyente, participativo y sostenible hoy en día son cuestionados y muchos de ellos criminalizados. La implementación de la política agraria debe vincularse con la preocupante conflictividad que están generando las inversiones privadas en territorios en donde existen visiones y propuestas comunitarias basadas en la Constitución de la República y en Convenios Internacionales suscritos por el Gobierno de Guatemala. En tal sentido, la voluntad política expresada por el presidente Pérez Molina con la política agraria, debería estar acompañada por señales concretas de dialogar sobre la forma en que esta sociedad, sin excluir a nadie, quiere utilizar su patrimonio natural.

Se acostumbra expresar entusiasmo cuando los resultados alcanzados inyectan esperanza y optimismo por un futuro mejor. El entusiasmo tiene una base real. En la introducción del acuerdo 372-2014 el presidente Pérez Molina termina exclamando ¡Viva la política agraria! Sugiero que las organizaciones y movimientos sociales sustituyan los signos de admiración por los de interrogación. Hacerlo evitaría caer en trampas y manipulaciones.

Última modificación: 1 de diciembre de 2014 a las 16:04
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