Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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Columna de Opinión

Plan Hambre Cero: negocios y más hambre

Fecha de publicación: 3 agosto, 2013

La opinión fue escrita por Miguel Lópezn del Área de Estudios sobre Campesinado de AVANCSO. La opinión fue editorial del Noticiero Maya Kat de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER, el 16 de julio del 2013

Uno de los problemas estructurales e históricos que vive el país es el hambre y la desnutrición. La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2008/2009) señala que el 49.8 % de los niños de 3 meses a 5 años padecen de desnutrición crónica, siendo este porcentaje aún mayor en el área rural, donde alcanza el 58.6 %. La anemia alcanza el 47.7 % en la niñez y el 29.1 % en la mujer embarazada, flagelos que inciden en el bajo peso del niño/a al nacer. De acuerdo con datos de UNICEF, para el año 2011 Guatemala se encontró en el segundo lugar en el mundo por sus niveles de desnutrición de un 54 % de la población infantil.

Los esfuerzos de los distintos gobiernos en atender el problema de la desnutrición y subalimentación en el país datan de la década de 1970 con resultados poco alentadores. En ese contexto, el actual gobierno ha priorizado en su agenda desde el inicio de su gestión la implementación del “Plan Hambre Cero” –PHC–, el cual define como “una estrategia conjunta de atención a la desnutrición crónica, la desnutrición aguda y la inseguridad alimentaria, que afectan principalmente a la niñez guatemalteca menor de cinco años, que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Está focalizado especialmente en el área rural y urbana marginal del país, y promueve la creación de condiciones y medios necesarios para la generación en el mediano y largo plazo, de una seguridad alimentaria y nutricional efectiva y sostenible, con el propósito de disminuir en forma significativa la desnutrición crónica y la desnutrición aguda que padece la niñez guatemalteca” (SESAN 2012) y cuya meta principal es la reducción de la desnutrición crónica en 10% en menores de 5 años hacia finales del 2015.

Obviamente esta intervención suena muy interesante, especialmente para las comunidades indígenas que sufren más de alguna privación de servicios básicos o recursos económico-productivos, porque el PHC incluye agua y saneamiento, caminos rurales, empleo rural, fortalecimiento de la economía campesina, promoción de la salud y nutrición escolar, entre otros. En realidad lo que se está haciendo es sumar las acciones que realizan los distintos ministerios con el agregado de contar con recursos asignados por ley. El monto vigente asignado al Plan es de Q4,141.806,623, cantidad que representa el 6.18% del monto asignado en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Adicionalmente se le ha inyectado Q792.536,623 (SICOIN).

A un año y medio de su implementación o ejecución, sus resultados no varían mucho en relación a gobiernos anteriores, debido sencillamenteal tipo de práctica asistencialista que, amparada en el clientelismo político, genera dependencia en los beneficiarios, práctica que se encuentra bien instalada hasta en los caseríos de varios municipios en el altiplano occidental. De esta forma, los beneficiarios reales no son las familias que más lo necesitan, mucho menos madres que están al frente de sus familias.

Y ¿qué decir de las transparencias en el manejo de los recursos de este plan, cuando los ministerios, como el MAGA, “por excepción” –según Acuerdo Gubernativo 255-2013, publicado en el Diario de Centroamérica– podrá comprarle a una persona o empresa nacional o extranjera frijol, arroz, harina de maíz, aceite vegetal, mezcla de harina de maíz y soya con azúcar fortificada e instantánea, hojuelas de avena, así como el servicio de transporte para estos alimentos, el equivalente a Q 68 millones 200 mil. El encargado de esta cartera justificó que se utiliza esta modalidad porque el proceso normal llevaría más de seis meses y no se puede esperar tanto tiempo porque el hambre se incrementa en estos meses de julio y agosto (Prensa Libre 4 de julio de 2013).

Y en el caso del MIDES, “por concusión” –cuando un funcionario beneficia a una o varias empresas aprovechándose de su cargo– compró Q9.2 millones en alimentos a dos empresas que tienen como representante legal a la misma persona (elPeriódico 3 de julio de 2013). Y ¿qué decir de las “mesas de negocios” con las grandes empresas alimentarias transnacionales? ¿Y de las transferencias internas, en donde ningún ministerio escapa a trasladar fondos entre programas? Hacen falta mecanismos que favorezcan la transparencia para un buen uso y manejo de los fondos del erario nacional. Esta es la forma como, perversamente se traduce el avance o el éxito el Plan Hambre Cero.

Última modificación: 3 de agosto de 2013 a las 02:08
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