Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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Opinión

Columna de Opinión escrita por Ángel Orellana del Área de Estudios sobre Imaginarios Sociales de AVANCSO. La columna fue editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 20 de agosto del 2014

A pesar de no poder más que señalar la información que los pocos medios de comunicación brindan, y de escribir esto sentado en una oficina silenciosa con vistas a un parque, casi como decir, a pesar de toda la distancia y desconocer los hechos en carne viva, pareciera irrecusable ocupar este espacio para referirse a la opresión y sufrimiento que las comunidades de 9 de Febrero, Monte Olivo y Semococh, Raxuhá de los municipios de Chisec y Cobán Alta Verapaz, han sufrido en los últimos días (aunque no solo últimos días). Hechos violentos que desde el 14 de Agosto y aún hoy 18, mantiene a algunas personas al abrigo de la montaña. Sebastian Rax Caal, Luciano Can Cajub y Oscar Chen Quej, fueron asesinados en los desalojos violentos. Las casas de las personas que se refugiaron en la montaña fueron incendiadas por miembros de la PNC. La descripción de los hechos y las imágenes son aterradoras. La imagen de agentes de la PNC custodiando una retroexcavadora, mientras avanzan lanzando gases lacrimógenos, disparando perdigones y plomo contra quienes se opongan, no constituye una metáfora, no representa, sino ilustra, exhibe el sistema opresor que resguarda intereses económicos particulares, y que se sirve de las instituciones del Estado para realizar sus intenciones, su usura.

Esta no es la primera jornada violenta contra las personas de estas comunidades, basta con recordar el asesinato de los niños David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, de 11 y 13 años respéctivamente, cometido hace un año por el sicario vinculado a la empresa Hidro Santa Rita. Además de el constante hostigamiento y persecución a los miembros de las comunidades, lo que demuestra la constante violencia que ha venido viviendo en esta región. Se podría rastrear aun más en el pasado esta violencia que golpea, no solo estos pueblos sino otros, para reconocer un sistema fundado en el racismo y los valores capitalistas extractivos. Lo que muestran estos hechos, es que un grupo de personas ya sean estos campesinos q’eqchis , o pobladores de La Puya, que manifiesten pacíficamente no significan para el estado poco más que un objeto que estorba. Es evidente que no es considerada la dignidad de sus vidas, la concretez de sus carnes arriesgadas a los golpes y las balas, ni sus palabras. Dados estos momentos, de uso de la fuerza maliciosamente legitimada legalmente, no importan lo que digan, ni sus explicaciones, preciara que en este momento del desalojo (de la violencia más evidente por ser física), no son personas sino cosas, y el sentido de ellos para el estado es solo el de un obstáculo que hay que remover, para conseguir lo que los usureros desean. Pareciera que para el estado el único trato posible con un manifestante, es el de dispersarlo, desalojarlo, violentamente. En este caso, las personas de Monte Olivo, y Semococh, Raxuhá y 9 de febrero, parecieran tener el sentido, para el Estado, de la extracción, una cosa que obstruye el deseo de usura, y que hay que arrancar de la tierra, para “avanzar”.

La injusticia es evidente. Los argumentos jurídicos y económicos no logran ocultar la injustificable violencia. Aun más en el asesinato. Las declaraciones del ministro López Bonilla o el presidente Pérez, la maliciosa ausencia de estos temas en la mayoría de los medios de comunicación, ni el desinterés de muchas personas para quienes son solo hechos lejanos e impropios, esconden el agravio y la injusticia cometidos reiteradamente en contra de estos pueblos. Como tampoco toda esta violencia sistemática, no opacará el valor y la dignidad de todas estas vidas que resisten.

Guatemala, 19 de agosto del 2014.

Última modificación: 21 de agosto de 2014 a las 13:44
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