Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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Columna de Opinion

Los usos políticos y económicos de las “zonas rojas”

Fecha de publicación: 18 marzo, 2013

La opinion fue escrita por Walter Gonzalez del Area de Estudios sobre Historia Local de AVANCSO. La opinion sera editorial del Noticiero Maya Kat de la Federacion Guatemalteca de Educacion Radiofonica FGER, el 19 de marzo del 2013

Hace algunas semanas, el Presidente de la República indicó que estudiaría la posibilidad de decretar “Estado de Sitio” en “zonas rojas” del país. Las preguntas que me surgieron al escuchar tales declaraciones fueron ¿Cuál es el perfil de esas zonas consideradas como rojas? ¿Cuál es el fondo de tal medida? ¿A quiénes podría favorecer?

El Estado de Sitio es una variante de los estados de excepción y está regulado en la “Ley de Orden Público”. En ella se establece que durante su vigencia pueden suspenderse los derechos reconocidos constitucionalmente a la población en los espacios donde esa medida se decrete. Además, ofrece la posibilidad –bajo presunción de sospecha- de capturar sin orden judicial, reprimir cualquier acción de grupos que se manifiesten contrarios al Estado, vedar el derecho de reunión, de libertad de acción y de manifestación.

La aplicación de esa medida –Estado de Sitio– en Alta Verapaz a finales de 2010 y en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango en abril de 2012 permite identificar, en principio, dos características esenciales de lo que significaría ser una “zona roja”. Primero, ser espacios con abundantes y codiciados recursos naturales. Y, segundo, que en ellos se registren procesos de lucha y resistencia por parte de la población que se opone a la explotación desmedida de los mismos.

En ambos territorios hay riqueza de bosques, agua y áreas protegidas que están siendo vistos como recursos importantes para el desarrollo de monocultivos, actividades extractivas e hidroeléctricas. Y frente a esa lógica, en Huehuetenango, por ejemplo, durante el periodo 2005-2010 se realizaron 31 consultas comunitarias, en las que sus habitantes se expresaron sobre la no pertinencia de explotar esos bienes naturales comunitarios y, en consecuencia, contra los intereses foráneos de su explotación. Sin embargo, desde la mirada estatal esas acciones han sido –y lo siguen siendo –interpretadas como manifestaciones terroristas y de grupos vinculados al narcotráfico.

El actual gobierno, de corte militar, autoritario y neoliberal, sintetiza en la criminalización, la inseguridad y el estado de excepción su proyecto político. En ese sentido, identificar “zonas rojas” no es –ni será– una decisión política incongruente, aislada e inconsciente. Es el resultado de un recurso pactado entre los poderes político y económico para garantizar procesos de acumulación económica, dictados por las grandes transnacionales y resguardado por las autoridades de gobierno. Pacto que se complementa con la cacería de brujas de los líderes comunitarios que participan en esas luchas por el territorio y contra los mega-proyectos y que promueven consultas comunitarias para protegerlos. Se trata de alianzas estratégicas y agresivas que funcionan dentro de un marco jurídico autoritario que restringe derechos colectivos en beneficio de intereses privados. En este contexto, es pertinente la frase del filósofo Walter Benjamín que dice: “Todos los golpes decisivos habrán de asestarse como sin querer”.

Este recurso –el Estado de Excepción –permite deformar aún más al sistema político. Ofrece la posibilidad de que los intereses privados construyan vínculos estratégicos con el gobierno para obtener excepciones favorables. Esta figura jurídica crea un espacio en donde el Estado se permite todo, donde no existe delito porque las leyes están suspendidas. Benjamin y Agamben consideran esta técnica política como una medida permanente que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del llamado Estado de derecho.

Sin lugar a dudas, la utilización de este recurso político –en teoría extraordinario, pero ordinario en la práctica – que permitirá al actual gobierno seguir persiguiendo, criminalizando y, cuando sea necesario, eliminando físicamente a todos aquellos que se opongan a esas lógicas expropiadoras y abusadoras del territorio y sus recursos. Todo ello en aras de garantizar intereses particulares y bajo el argumento que dice que la excepción hace que todo sea posible.

Desde esta perspectiva ¿cuáles serán las próximas “zonas rojas” que serán objeto de este tipo de tratamiento por parte del poder? ¿Hacia que tipo de desarrollo nos está conduciendo esa opción político/económica autoritaria?

Guatemala, 19 de marzo del 2013.

Última modificación: 18 de marzo de 2013 a las 01:03
Hay 1 comentarios
  • 20 de junio de 2014 a las 16:32 - Por: Emilio Ardón - (permalink)

    Me parece un análisis agudo y cuestionador al actual sistema de vida. Felicitaciones.

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