Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

http://avancso.codigosur.net

OPINIONES

LA INJUSTA JUSTICIA

Fecha de publicación: 30 marzo, 2009

Columna de Opinión, escrita por la investigadora Débora Díaz de la Unidad de Información CENINF de AVANCSO, fue el editorial del noticiero Maya K’at del día martes 31 de marzo del 2009. www.fger.org


La injusta justicia

Débora Díaz
Centro de Información

Pareciera una paradoja, pero en nuestro país el manejo desigual de la justicia es una realidad, heredada del pasado inmediato y con un horizonte gris por la forma tan parcial y desajustada en que se aplican las leyes.

Un caso más que pone de manifiesto esta situación, de “justicia arrebatada” o manejo de leyes a favor de los poderosos, en contra de sujetos políticos campesinos, es el caso del dirigente campesino Ramiro Choc, quien tras permanecer detenido por más de un año, acusado de usurpación agravada, detención ilegal y robo agravado –acusaciones que suelen utilizarse para criminalizar las luchas campesinas y las reivindicaciones indígenas de defensa de los derechos y de la tierra–, resulta que ahora es condenado a ocho años de prisión por robo agravado sin que se le haya probado ningún delito. ¿Le podríamos llamar a eso justicia?

¿Acaso el campesino Ramiro Choc ha desfalcado al Estado de Guatemala con millones de quetzales para que merezca esa condena? ¿O estuvo involucrado en alguna de las tantas masacres que ocurrieron en nuestro país? ¿Es él culpable de estafas o de actos de corrupción? Es a estos casos a los que los magistrados y jueces deberían dirigir sus esfuerzos por que las leyes se cumplan y llevar a la cárcel a todos esos bandidos que andan sueltos. Pero por el hecho de tener dinero, muy mal habido por cierto, pagan con fianzas risibles su libertad y en el peor de los casos ni se las imponen.

Claro está, al dirigente campesino no le impusieron una medida sustitutiva o le pidieron una fianza; porque él es un ejemplo de preso político y un tropiezo para que uno que otro poderoso realice con tranquilidad la explotación de tierras y recursos en los cuales son seriamente afectadas varias comunidades. Se cree que el dirigente campesino debe permanecer encarcelado para asegurar el temor de los demás pobladores para seguir defendiendo sus derechos. Como él no es un bandido, no tiene un millón de quetzales para pagar fianza ni influenciar en el sistema de justicia.

Ésta es una situación verdaderamente preocupante, además del encarcelamiento real, en el fondo se criminaliza a los valientes que ponen la cara en defensa de sus derechos y que de paso son derechos de todos, por que a todos nos afecta el que unos cuantos se adueñen de los recursos de nuestro país.

Lo mismo ha pasado con los pobladores de San Marcos, en donde la compañía Montana ha devastado los recursos naturales en aquel departamento y en donde muchos campesinos han sufrido persecución por defender sus derechos. Los pobladores de San Juan Sacatepéquez son otro ejemplo en donde tristemente la justicia brilla por su ausencia, y en donde se pone de manifiesto quiénes tienen el poder y el lado para donde la justicia se vuelve.

En estos actos de verdadera injusticia, el Estado demuestra una gran debilidad para hacer funcionar el anhelado sistema de justicia integral en donde no haya tráfico de influencias, falta de ética, falta de compromiso como ciudadanos. No dudo que existan jueces y juezas honestos y ecuánimes, pero no son quienes están en estos momentos dilucidando los casos anteriormente descritos, y porque en el peor de los casos también son perseguidos.

¿Tiene caso llegar a tener una policía altamente calificada, con equipo sofisticado, a la cual no se le tenga temor y sea garante de la seguridad ciudadana, si cuando logran capturar a algún malhechor éste es puesto en libertad al segundo día de su captura, concediéndosele arresto domiciliar o el pago de una fianza? Entonces este esfuerzo no servirá de nada si en la Corte Suprema de Justicia siguen ejerciendo el poder todos estos abogados que juegan a jueces corruptos en el ejercicio de la aplicación de la justicia.

Si el gobierno de turno se sintiera verdaderamente comprometido con la población que lo llevó al poder, debería hacer cambios profundos en sus instituciones para acabar con la corrupción y el manejo de influencias, que nos obligan a sentirnos día a día como verdaderos sobrevivientes de la impunidad.

Esta situación podrá cambiar, si apoyamos decididamente aquellas manifestaciones de descontento que las organizaciones sociales (de mujeres, ambientalistas, contra la impunidad y del movimiento campesino) promueven.

Guatemala, 31 de marzo del 2009.

Última modificación: 30 de marzo de 2009 a las 05:03
Hay 0 comentarios
captcha
Quiero ser notificado por email cuando haya nuevos comentarios.