Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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Entre la necesidad y la dignidad: la situación de derechos laborales en Guatemala

Columna de Opinión escrita por Leslie Lemus, investigadora asociada de AVANCSO. Fue el Editorial del Noticiero Maya Kat de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica el 29 de marzo del 2016. Los argumentos de esta columna han tenido como insumo el texto “Ejercicio de derechos de ciudadanía laboral y social en Guatemala: brechas de inclusión y paradojas en tiempos de paz y políticas de ajuste” escrito en el marco del Concurso de Becas de Estudios sobre la Pobreza 2015 “La producción de las desigualdades en América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLACSO-

La inserción al mundo laboral es de crucial importancia, en primera instancia porque en este sistema económico la mayor parte de las personas dependemos de la venta de nuestra fuerza de trabajo para obtener los recursos necesarios para la sobrevivencia. Además de la retribución mediante un salario, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el empleo ha constituido un importante referente en tanto forma privilegiada de acceder al ejercicio de derechos y garantías tales como el contrato laboral, el pago de prestaciones, seguridad social y libre organización sindical. Habría que considerar que esta es una visión normativa que debe ser confrontada en distintos espacios y momentos históricos.

Por ejemplo, Guatemala es un país de profunda herencia colonial cuyo desarrollo económico se ha basado en la institucionalización del despojo de los recursos productivos y la intensa explotación de la fuerza de trabajo –en su mayoría indígena-. Aquí, históricamente, el empleo protegido ha sido prerrogativa de un segmento de la población con un perfil predominantemente urbano. Sin embargo, a partir de cambios económicos y políticos, en las últimas dos décadas aún aquellos que en el pasado obtuvieron los beneficios de esta forma de inserción han visto deteriorarse sus condiciones laborales.

Una aproximación a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ediciones 2002 y 2014-, deja en evidencia que se trata de una sociedad de bajos niveles de protección desde el ámbito del empleo en la que dos terceras partes de la Población Económicamente Activa Ocupada y Asalariada de 14 y más años de edad labora sin un contrato que garantice su estabilidad y la titularidad de sus derechos. Asimismo que menos del 3% se encuentra afiliado a algún sindicato, cuestión crucial si se considera que este tipo de organización constituye la forma colectiva de defensa de derechos.

Además de la persistencia en la situación de desventaja generalizada de las y los trabajadores, a partir de esta misma información, se puede constatar que ha ocurrido un deterioro de otros derechos laborales en el país. Por ejemplo, para el año 2002 cerca del 43% de esta población accedía a seguridad social pero esta proporción se redujo a casi 38% para 2014 –representando una pérdida de cobertura de cerca del 5%-. En el caso de las prestaciones laborales, tales como vacaciones, aguinaldo y bono 14, para el año 2002 casi 5 de cada 10 reportaron no percibir ninguna de estas y solo 1 de cada 10 reportó percibirlas todas. Para el año 2014, 6 de cada 10 dijeron no recibir ninguna prestación y tan sólo 1 de cada 20 recibirlas todas. Al observar el salario es aún más impactante, pues en 2002 cerca de 3 de cada 10 reportaron ganar menos del salario mínimo y en 2014 esa proporción cambió a 6 de cada 10 –es decir que se duplicó-.

Lo anterior se confirma a partir de los resultados del análisis sintético a través del Índice de Ciudadanía y Derechos Laborales, que al ser categorizado entre un extremo de tendencia incluyente y otro excluyente permite observar que la proporción de esta población que se ubica en este último extremo pasa de ser el 55% en el 2002 a cerca del 60% en 2014.

Ahora bien, habría que asumir que esta situación de desventaja y deterioro no se experimenta de la misma manera en todos los casos. Pertenecer a alguna categoría o encontrarse en determinadas condiciones aumenta las probabilidades de ubicarse en el extremo excluyente de este Índice. Así, de manera sistemática se ubican en posición de desventaja las mujeres, indígenas, quienes se insertan en actividades económicas agrícolas o de construcción, quienes viven en zonas rurales, personas menores de 18 años y quienes no han accedido a ningún grado de escolaridad.

Asimismo ocurre que entre 2002 y 2014 se han profundizado las desigualdades e incrementado las brechas de género, pertenencia étnica y por actividad económica –quienes se insertan en industria y servicios parecen encontrarse en mejor situación-.

En otros casos las brechas parecen haberse reducido. Ocurre así con las diferencias por nivel educativo y localización geográfica. Este resultado habría que tomarlo con cautela pues lejos de deberse al amortiguamiento de las desigualdades, podría responder precisamente al deterioro generalizado de la situación de derechos laborales. En esta clave estaríamos ante el desgaste de la capacidad inclusiva de la educación y ante la indiferenciación de las condiciones laborales experimentadas en las zonas urbanas y rurales.

El deterioro en el ejercicio de los derechos laborales en el país se confirma al observar que las probabilidades estimadas de encontrarse en el extremo excluyente del Índice aumentan cuánto más reciente es la incorporación a la ocupación principal en ambas mediciones.

Finalmente, habría que enfatizar que este escenario de deterioro y profundización de desigualdades no ocurre en el vacío ni como una consecuencia natural de la economía y la producción. Es resultado de procesos históricos y de las relaciones de poder en esta sociedad específica, por tanto es una realidad socialmente construida susceptible de ser modificada de acuerdo a la correlación de fuerzas, voluntad y capacidad de negociación entre los actores involucrados –trabajadores y empleadores-.

Por increíble o elemental que parezca, el primer paso consistiría en restituir en el lenguaje y las discusiones de la política pública la lógica de los derechos. La política laboral no debería reducirse a resolver cuestiones de desocupación o desempleo. A partir de los datos disponibles se puede inferir que el problema fundamental es la intensa explotación en condiciones de limitada protección, es decir la exclusión y el deterioro en el acceso y ejercicio de los derechos de ciudadanía laboral y social.

Guatemala, 29 de marzo del 2016.

Última modificación: 4 de abril de 2016 a las 19:01
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