Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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Contrainsurgencia contra el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Guatemala

Columna de Opinión escrita por Peter Marchetti del Área de Estudios sobre Campesinado de AVANCSO. La columna fue editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 6 de octubre del 2014

La insurgencia mundial de la clase obrera y la clase campesina de la segunda mitad del siglo XIX dio a luz la Revolución Mexicana en 1910 y luego a la Revolución Soviética en 1917. Casi 100 años después, no queda rastro en México y Rusia de esas luchas exitosas del campesinado.

Ante la amenaza socialista, las repúblicas burguesas se curaron en sano agregando a los derechos de libertad individual y a los derechos políticos una nueva avalancha de derechos de carácter social y económico, configurando el llamado Estado de Bienestar. Finalmente, ante la lucha de los pueblos indígenas y otros grupos discriminados, una serie de derechos culturales fueron concedidos. En 1966, fue adoptado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y ratificado por Guatemala hasta en 1988, supuestamente dando a los DESC preeminencia sobre el derecho interno (Art. 46 de la Constitución).

Sin duda, al ser aplicados, los DESC agregan un parche humanitario al capitalismo salvaje, pero han sido por otro lado un móvil poderoso para garantizar la hegemonía ideológica y política del mismo sistema capitalista.

Desde el inicio de la era neoliberal, el hecho mundial de más significancia ha sido la reducción y el cuestionamiento de los DESC acompañada por una nueva ola de acumulación por despojo y coerción política. Stuart Hall y Doreen Massey han argumentado en el Kilbourn Manifesto que el modelo neoliberal ha entrado en una fase de implosión desde la crisis financiera de 2008 y la recesión permanente en las economías noratlánticas. Ante el cataclismo de cambio climático que se avecina, Hall y Massey aseveran que después del neoliberalismo la reedición y vuelta al Estado de Bienestar no puede ser el camino.

Guatemala no participó ni en el alza de los DESC (1930 a 1975) ni en su reducción (1975 – presente) porque desde el golpe del Estado contra la primavera democrática, la oligarquía guatemalteca declaró una contrainsurgencia por todos los medios contra los DESC. Una de las causas de la guerra civil fue la violación de los DESC, siendo sepultados por un genocidio. No obstante, en la transición a la penumbra de democracia que sufrimos, Guatemala firmó con todo cinismo el Pacto Internacional y se obligó a informar sobre su cumplimiento al Consejo Económico de la ONU. Precisamente por la excepcionalidad internacional de Guatemala, defender los DESC aquí no es igual que defenderlos en otros países del mundo.

Una coalición de organizaciones y movimientos sociales, agrupados en el Comité Guatemalteco de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están logrando consensos importantes en torno a cómo enfrentar la contrainsurgencia contra los DESC. Este año, un Comité formado por 50 movimientos revisará el III Informe del Estado de Guatemala que presentará al Consejo Económico y Social de la ONU. La semana pasada, las organizaciones y movimientos publicaron un informe alternativo de lo que se espera del gobierno, acentuando sus reclamos ante el incumplimiento del Estado guatemalteco de los algunos artículos del Pacto Internacional.

Aunque el informe alternativo no cubre todos los artículos del Pacto Internacional, vale la pena su lectura para entender el Estado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala:
i) el irrespeto al derecho de la consulta, libre, previa e informada ante la protesta por el otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera e hidroeléctrica;
ii) el incumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia fiscal dejando a Guatemala con la vergüenza de ser el país con los ingresos fiscales más bajos de la región latinoamericana y es el único país que no pública datos oficiales del sector público no financiero;
iii) la violación de los derechos a la salud;
iv) la desarticulación por completo de las reformas educativas, haciendo de la educación bilingüe una cortina de humo y móvil para que el sistema educativo continuara siendo la máxima expresión del racismo en Guatemala con una tasa de cobertura en primaria que ha caído en un 15% en los últimos años;
v) la desarticulación de la institucionalidad semi-autónoma y la burlesca asignación de solo un 0.009% de presupuesto general a CODISRA, DEMI, FODIGUA, etc.
vi) la violación al derecho de trabajo y condiciones equitativas y satisfacción de trabajo, sindicalización y seguridad social;
vii) la violación del derecho a la no discriminación e igualdad de derechos para mujeres y hombres y del derecho a la protección y asistencia a la familia, maternidad y niñez. Es notable que el gobierno anterior y el actual han aprobado decretos gubernativos que prohíben la participación de las organizaciones femeninas en la elección de autoridades de la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM) y la Defensoría de la Mujer indígena (DEMI);
viii) violación del derecho a un nivel de vida adecuada –vivienda, alimentación, acceso a la tierra, agua.

El informe alternativo analiza las cinco sentencias en abril y mayo del 2013 contra el Estado guatemalteco como “responsable por omisión por la violación del derecho humano a la alimentación, a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo”. En “el litigio estratégico de Lela Chanco y Cañón Tisipe se está creando jurisprudencia sobre los DESC”, en el sentido de que la justicia nacional valide que los DESC están tejidos en una sola tela y que el Estado está obligado a restituir a los ciudadanos sus derechos violados si no ha protegido o facilitado acceso a estos. Los Ministros de Estado han perdido sus amparos contra esta sentencia y se han visto obligados a crear un protocolo público para que quién reclame sus derechos económicos, sociales y culturares pueda demandar su restitución efectiva.

Antes de concluir con recomendaciones en cada sub-acápite de los DESC, el informe denuncia la creciente criminalización de defensores de los DESC, particularmente del movimiento campesino, de la lucha de los pueblos indígenas, de la vida de las mujeres indígenas, de las organizaciones que defienden el derecho de la mujer y del movimiento estudiantil.

La contrainsurgencia contra los DESC en Guatemala no se limita a la violación a los derechos colectivos sino procede a violar los derechos individuales de quienes defienden estos derechos colectivos. Como señalan las 50 organizaciones del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “… los pueblos y los movimientos sociales, populares y ciudadanos han impulsado una serie de demandas sociales hacia el Estado guatemalteco. La respuesta ha sido la represión y la criminalización de la misma; dejando como saldo más de 600 defensores y defensoras de derechos humanos agredidos en 2012, alcanzando la cifra más elevada desde la firma a de los Acuerdos de Paz. En resumen, el Estado guatemalteco ha sido conformado para garantizar los privilegios de un pequeño, pero poderoso segmento de la población, en detrimento de la garantía de derechos humanos básicos de la gran mayoría”.

Las organizaciones que luchan por el respeto a los DESC no son ingenuas. Saben que este gobierno las califica como el resurgimiento de la guerrilla y pretende desatar una guerra contrainsurgente en su contra. Saben que la implementación efectiva de los DESC en este país dependerá de una refundación del Estado guatemalteco contrainsurgente que pretende eliminar a cualquier persona que intenta velar por el cumplimiento de los derechos humanos colectivos.

Última modificación: 10 de octubre de 2014 a las 18:12
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