Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala

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Algunas preguntas sobre el bien común y el Estado

Columna de Opinión escrita por Rosa Macs del Equipo PICTA de AVANCSO. La columna fue el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 10 de marzo del 2015.

El capítulo más reciente en la larga historia del sufrimiento de las comunidades de la región del Río Dolores, en Alta Verapaz, inició aproximadamente hace seis años, en el año 2009, cuando autoridades locales y empresarios formaron alianza para imponer la Hidroeléctrica Santa Rita.

Desde ese año a la fecha, el gobierno central ha colaborado con dicha imposición de diversas maneras: instalación de un destacamento militar en el sitio y envío de contingentes policiacos para desalojos, entre otras acciones. Los órganos de justicia han emitido órdenes de captura contra líderes y lideresas. Por su parte, la familia Ponce, propietaria de la finca donde se ubica la hidroeléctrica, también ha actuado en contra de las comunidades, agrediendo e hiriendo con arma de fuego a las personas que se encuentran en resistencia.

Las pérdidas humanas han sido lamentables, como la de los niños David Estuardo Pacay Maas y Hageo Isaac Güitz, asesinados en agosto de 2013, víctimas inocentes de esta represión. Las pérdidas humanas no quedaron allí, el 20 de abril de 2014, el finquero Ponce abrió fuego hiriendo a cuatro personas, como consecuencia de esto falleció Victor Juc. El 16 de agosto de 2014 son asesinados tres comunitarios más, esta vez en la comunidad Semococh. En esta ocasión la represión no fue “privada”, sino estatal, por parte de los agentes policiales que participaron en el desalojo violento de Monte Olivo, los días 15 y 16.

Hasta la fecha, no se ha dado con los responsables de la muerte de los niños, no se ha girado orden de captura contra Sandino Ponce, por la muerte de Victor Juc, no hay investigación avanzada por la muerte de los tres comunitarios de Semococh. Esto, a pesar de que organizaciones locales y vecinos de las comunidades del Río Dolores han denunciado repetidamente, a nivel nacional e internacional, estas y otras violaciones a sus derechos humanos.

Las autoridades encargadas de hacer justicia no han prestado atención a los comunitarios, solo se han inclinado a favor del proyecto hidroeléctrico Santa Rita. Esto nos indica que el Derecho a defender el territorio es considerado como un delito que debe ser perseguido, aunque esto implique incluso la muerte de niños, líderes y lideresas. Igualmente, se considera como un delito defender el derecho a una vida digna, a una salud adecuada, a organizarse, el mismo derecho a la vida, todos ellos derechos constitucionales que se supone todo guatemalteco y guatemalteca deberíamos tener garantizados.

Después de todo, en nuestra Constitución, en el artículo 1, se afirma que el Estado vela para el bien común, no solamente por los beneficios particulares: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” en el artículo 2, señala “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas”.

Sin embargo, a la luz de los hechos comentados arriba, me pregunto ¿Qué es ese bien común del que habla la Constitución? ¿Será que el bien común implica solamente los intereses de particulares (disfrazados de “desarrollo”) sobre bienes comunes y derechos colectivos?, ¿será entonces que el bien común tiene que ver con eliminar a quienes resisten ante los despojos asociados a las Industrias y Proyectos Extractivos?, ¿será que bien común es solamente beneficiarse unas cuantas familias pasando sobre la vida de otros y otras, niños incluso?

Filosóficamente, el bien común es indivisible. No podemos hablar de bien común para luego referirnos solo a algunos grupos de la población (casualmente los más beneficiados). El bien común solo puede ser alcanzado con la prudencia, y más aún, por medio de las acciones de aquellos que ejercen algún tipo de autoridad.
No sé si el Estado de Guatemala es, como le llaman algunos analistas, un “Estado Fallido”. Lo que sí sé, es que el Estado guatemalteco no “realiza el bien común”. No protege a todas las personas ni a todas las familias. De hecho, vemos que las familias más pobres son reprimidas, desalojadas, violentadas, intimidadas y asesinadas.

El Estado guatemalteco beneficia a particulares, no a la colectividad. No garantiza la vida, asesina líderes y lideresas que luchan por la vida. No garantiza la libertad, hay muchos presos políticos: Monte Olivo, La Puya, entre muchos otros ejemplos. Reprime a las poblaciones en resistencia ante las Industrias y Proyectos Extractivos.

El Estado guatemalteco no garantiza la paz; envía contingentes policiacos para reprimir y desalojar violentamente. No garantiza el desarrollo integral de las personas; aprueba leyes que van en contra de la Soberanía Alimentaria (Ley Monsanto y otras similares). No consulta a los pueblos acerca de qué tipo de “desarrollo” quieren; por el contrario, impone su modelo único de desarrollo capitalista.

Guatemala, 10 de marzo del 2015.

Última modificación: 19 de marzo de 2015 a las 15:12
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